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Apoyar elecciones libres y justas bajo el pleno respeto a la soberanía de los Estados, a través de las siguientes medidas, de acuerdo con la legislación nacional:
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g. Reconocer la importancia de las misiones de observación electoral, conducidas bajo los principios de objetividad, imparcialidad, transparencia, independencia, respeto a la soberanía y con acceso a la información respetando los procedimientos establecidos en la normativa del Sistema Interamericano, incluyendo la Carta Democrática Interamericana, y que no comprometa la independencia de las misiones, asegurando los Estados las condiciones de seguridad de los observadores electorales, para que puedan desempeñar sus funciones de manera independiente y segura;
(Plan de Acción Interamericano sobre Gobernabilidad Democrática, IX
Cumbre de las Américas, Los Ángeles, 2022).
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Continuar implementando las recomendaciones recibidas a través del proceso de revisión del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC); reportando anualmente al MESICIC sobre el progreso realizado sobre estas recomendaciones; y fomentando la participación de la sociedad civil, el sector privado y los actores sociales en la prevención y la lucha contra la corrupción, incluyendo iniciativas que fomenten la consulta pública, la educación y concientización, promuevan la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones, y permitan a la sociedad civil involucrarse en el monitoreo y control, según corresponda y de acuerdo a la legislación nacional.
(Plan de Acción Interamericano sobre Gobernabilidad Democrática, IX Cumbre
de las Américas, Los Ángeles, 2022).
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Adoptar las medidas correspondientes para abordar los compromisos políticos de la Resolución A/RES/S-32-1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que aprobó la Declaración Política “Nuestro compromiso común de afrontar eficazmente los desafíos y aplicar medidas para prevenir y combatir la corrupción y reforzar la cooperación internacional”, así como seguir promoviendo los resultados del proceso preparatorio de este periodo especial de la Asamblea General, incluyendo, según corresponda y de acuerdo con la legislación nacional, de:
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e. Fortalecer, según corresponda y de acuerdo con la legislación nacional, las capacidades de las autoridades centrales responsables de la cooperación jurídica internacional y de la tramitación de las solicitudes de recuperación de activos, aprovechando y ampliando continuamente los conocimientos de los funcionarios y expertos para mejorar la tramitación electrónica de las solicitudes de cooperación jurídica internacional que tengan por objeto rastrear, congelar, retener, decomisar, incautar y restituir los productos e instrumentos del delito, con miras a una respuesta más eficaz a las solicitudes de recuperación de activos;
(Plan de Acción Interamericano sobre Gobernabilidad Democrática, IX Cumbre
de las Américas, Los Ángeles, 2022).
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Promover la transparencia y la confianza de nuestros Gobiernos en las buenas prácticas regulatorias y administrativas que protegen a las personas, refuerzan la obligación de rendir cuentas, la previsibilidad, la inclusión, y respaldan economías fuertes y resilientes, por medio de medidas tales como:
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a. Establecer, mantener o mejorar nuestros respectivos procesos y mecanismos para elaborar regulaciones de manera abierta y transparente con participación ciudadana, y tomar medidas concretas para implementar buenas prácticas regulatorias en toda la región, incluyendo a través de actividades de cooperación, el intercambio de mejores prácticas, el compromiso con el sector privado y las iniciativas bilaterales y multilaterales;
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b. Utilizar buenas prácticas para la elaboración y aplicación de normas y procesos, incluyendo consultas públicas, análisis de impacto normativo y la participación de las partes interesadas.
(Plan de Acción Interamericano sobre Gobernabilidad Democrática, IX Cumbre
de las Américas, Los Ángeles, 2022).
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Fortalecer las instituciones democráticas para la prevención y combate de la corrupción en el Hemisferio, otorgando a las autoridades competentes las garantías necesarias para el buen desempeño de sus funciones.
(Compromiso de Lima. Perú, 2018).
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Fortalecer la autonomía e independencia judicial siguiendo los estándares interamericanos y universales aplicables en la materia, con el objeto de promover el respeto al Estado de Derecho y el acceso a la justicia, así como promover e impulsar políticas de integridad y transparencia en el sistema judicial.
(Compromiso de Lima. Perú, 2018).
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Promover una iniciativa hemisférica para articular los esfuerzos de las organizaciones regionales e internacionales competentes en el marco de la Agenda Interamericana de Educación, con enfoque en educación cívica, dirigida por la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de la Comisión Interamericana de Educación (CIE), con el apoyo del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC) y con respeto a la diversidad regional.
(Compromiso de Lima. Perú, 2018).
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Promover campañas de concientización pública y participación ciudadana para la prevención y lucha contra la corrupción y la impunidad; y sobre los instrumentos disponibles para combatirlas. (Compromiso de Lima. Perú, 2018).
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Garantizar la transparencia e igualdad de oportunidades en los procesos de selección de servidores públicos, basados en criterios objetivos como el mérito, la equidad y la aptitud.
(Compromiso de Lima. Perú, 2018).
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Promover la adopción de medidas que prevengan conflictos de intereses, así como la presentación por parte de servidores públicos de declaraciones patrimoniales y de información financiera, según corresponda.
(Compromiso de Lima. Perú, 2018).
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Promover códigos de conducta para los servidores públicos que contengan altos estándares de ética, probidad, integridad y transparencia, tomando como referencia los “Lineamientos para la Gestión de Políticas de Integridad en las Administraciones Públicas de las Américas”, e instar al sector privado a desarrollar códigos de conducta similares.
(Compromiso de Lima. Perú, 2018).
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Incentivar la participación eficaz del sector privado en las políticas públicas de prevención y combate de la corrupción; e instar a que las empresas privadas y públicas desarrollen o implementen programas de capacitación y de promoción de la integridad, a todos los niveles.
(Compromiso de Lima. Perú, 2018).
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Continuar fortaleciendo sistemas o medidas nacionales anticorrupción y mejorar las condiciones para la efectiva participación de la sociedad civil, organizaciones sociales, academia, sector privado, ciudadanos y otros actores sociales en el seguimiento de la gestión gubernamental, incluyendo el establecimiento de mecanismos de prevención, canales de denuncia de posibles actos de corrupción, así como facilitar la labor de los observatorios ciudadanos u otros mecanismos de control social, incentivando la adopción de mecanismos de participación electrónica.
(Compromiso de Lima. Perú, 2018).
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Promover y/o fortalecer la implementación de políticas y planes nacionales y, cuando corresponda, sub-nacionales, en materia de: gobierno abierto, gobierno digital, datos abiertos, transparencia fiscal, presupuestos abiertos, sistemas electrónicos de compras, contrataciones públicas y registro público de proveedores del Estado, considerando para ello la participación de la sociedad civil y otros actores sociales.
(Compromiso de Lima. Perú, 2018).
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Consolidar la autonomía e independencia de los órganos de control superior.
(Compromiso de Lima. Perú, 2018).
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Implementar y/o fortalecer los órganos de transparencia y acceso a la información pública, sobre la base de las mejores prácticas internacionales aplicables.
(Compromiso de Lima. Perú, 2018).
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Elaborar estadísticas e indicadores en nuestros países que permitan evaluar el impacto de las políticas de transparencia y de lucha contra la corrupción y, para ello, impulsar el fortalecimiento de las capacidades estatales en la materia.
(Compromiso de Lima. Perú, 2018).
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Fomentar la transparencia y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas de las organizaciones regionales e internacionales de las cuales somos miembros. (Compromiso de Lima. Perú, 2018).
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Impulsar el establecimiento de un Programa Interamericano de Datos Abiertos, en el marco de la OEA, con el objetivo de fortalecer las políticas de apertura de información, e incrementar la capacidad de los gobiernos y ciudadanos en la prevención y el combate a la corrupción, teniendo en cuenta los importantes trabajos realizados en el ámbito interamericano en esta materia y otras iniciativas regionales y mundiales.
(Compromiso de Lima. Perú, 2018).
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Impulsar la adopción y/o fortalecimiento de las medidas legislativas que sean necesarias para tipificar penalmente los actos de corrupción y otros conexos, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC), la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC).
(Compromiso de Lima. Perú, 2018).
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Proteger a los denunciantes, testigos e informantes de actos de corrupción frente a acciones intimidatorias y represalias.
(Compromiso de Lima. Perú, 2018).
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Proteger el trabajo de los periodistas y personas que investigan casos de corrupción, de manera consistente con las obligaciones y los compromisos internacionales sobre derechos humanos, incluida la libertad de expresión.
(Compromiso de Lima. Perú, 2018).
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Proteger a los servidores públicos incluidos aquellos involucrados en hacer cumplir la ley, la investigación, el enjuiciamiento y la sanción de los actos de corrupción.
(Compromiso de Lima. Perú, 2018).
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Impulsar la adopción y/o fortalecimiento de medidas que promuevan la transparencia, rendición de cuentas, contabilidad apropiada y bancarización de los ingresos y gastos de las organizaciones y partidos políticos, principalmente de sus campañas electorales, garantizando el origen lícito de las aportaciones, así como la sanción por la recepción de contribuciones ilícitas.
(Compromiso de Lima. Perú, 2018).
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Considerar la adopción de instrumentos legales que podrían restringir el acceso a la función pública de personas condenadas por actos de corrupción.
(Compromiso de Lima. Perú, 2018).
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Promover el uso de sistemas electrónicos para compras gubernamentales, contrataciones de servicios y obras públicas para asegurar la transparencia, publicidad, veeduría ciudadana y una efectiva rendición de cuentas.
(Compromiso de Lima. Perú, 2018).
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Implementar mecanismos de acompañamiento intergubernamental a proyectos específicos, a solicitud del Estado que ha de ejecutarlos, y de acuerdo con su propio marco legal, con el fin de asegurar la transparencia y fomentar la confianza.
(Compromiso de Lima. Perú, 2018).
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Promover la inclusión de cláusulas anticorrupción en todos los contratos del Estado y de asociaciones público-privadas, y establecer registros de personas naturales y jurídicas vinculadas con actos de corrupción y lavado de activos para evitar su contratación.
(Compromiso de Lima. Perú, 2018).
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Avanzar en la lucha contra la corrupción, en particular la prevención y el combate del soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, continuando la implementación, antes de la IX Cumbre de las Américas, de las recomendaciones aplicables de las rondas específicas del Mecanismo de Revisión de la Implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, así como también de las recomendaciones de las sucesivas rondas del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC).
(Compromiso de Lima. Perú, 2018).
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Adoptar un marco legal para responsabilizar a las personas jurídicas por actos de corrupción, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, incluidos el cohecho interno e internacional, cuando no esté previsto en la legislación nacional.
(Compromiso de Lima. Perú, 2018).
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Considerar la prestación de asistencia, de la manera más amplia posible, cuando sea procedente y esté de acuerdo con los respectivos ordenamientos jurídicos internos, a las investigaciones y procedimientos correspondientes a cuestiones civiles y administrativas relacionadas con los actos de corrupción cometidos por personas físicas o jurídicas.
(Compromiso de Lima. Perú, 2018).
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Promover la más amplia cooperación entre las autoridades judiciales, policías, fiscalías, unidades de inteligencia financiera y autoridades administrativas, en las investigaciones y procedimientos relacionados con los delitos de corrupción, lavado de activos, cohecho y soborno transnacional.
(Compromiso de Lima. Perú, 2018).
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Promover entre las autoridades competentes el uso de mecanismos ágiles de intercambio de información, cooperación y trabajo coordinado para la investigación y persecución de actos de corrupción.
(Compromiso de Lima. Perú, 2018).
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Promover la cooperación entre las instituciones financieras y los órganos de supervisión financiera, y las instituciones encargadas de la investigación y enjuiciamiento de los actos de corrupción para una respuesta rápida y efectiva en las investigaciones internacionales, así como para la recuperación de activos.
(Compromiso de Lima. Perú, 2018).
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Fortalecer el marco internacional de cooperación jurídica e institucional para prevenir que los sistemas financieros de la región puedan ser utilizados para la transferencia y ocultación de fondos provenientes de actos de corrupción, incluyendo aquellos tipos penales contemplados en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción.
(Compromiso de Lima. Perú, 2018).
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Impulsar la adopción o fortalecimiento de medidas a través de las instituciones competentes, para permitir el embargo preventivo, la extinción de dominio y la confiscación de activos producto de la corrupción.
(Compromiso de Lima. Perú, 2018).
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Profundizar la participación de nuestros Estados en las redes e iniciativas multilaterales contra el lavado de activos, a través de la prestación de la más amplia y pronta asistencia en la identificación, rastreo, embargo preventivo, confiscación, decomiso y recuperación de activos.
(Compromiso de Lima. Perú, 2018).
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Adoptar medidas efectivas contra la elusión, así como combatir la evasión fiscal, el lavado de activos y los flujos financieros ilícitos producto de la corrupción y para la identificación de beneficiarios finales.
(Compromiso de Lima. Perú, 2018).
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Promover la transparencia en el intercambio de información tributaria y solicitar al Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC) que considere fortalecer la cooperación en esta área entre nuestros países, de conformidad con el marco internacional existente.
(Compromiso de Lima. Perú, 2018).
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Continuar fortaleciendo el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), identificando los recursos para fortalecer sus operaciones, con miras a enfrentar más eficientemente los nuevos retos que presenta la corrupción en el Hemisferio.
(Compromiso de Lima. Perú, 2018).
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Solicitar al MESICIC que promueva el intercambio y la difusión de buenas prácticas, capacidades técnicas y medidas orientadas a fortalecer los marcos jurídicos e institucionales para prevenir y combatir la corrupción, que contribuyan a la implementación de sus recomendaciones. (Compromiso de Lima. Perú, 2018).
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Solicitar al MESICIC que coordine con otros organismos internacionales y regionales anticorrupción a fin de promover sinergias y evitar la duplicación de esfuerzos en la lucha contra la corrupción.
(Compromiso de Lima. Perú, 2018).
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Seguir avanzando a través de medidas concretas en la implementación efectiva de las recomendaciones realizadas por el MESICIC antes del período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA en 2020.
(Compromiso de Lima. Perú, 2018).
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Solicitar al MESICIC que en el marco de sus competencias desarrolle una iniciativa para la observación y medición de las políticas de lucha contra la corrupción con el fin de formular indicadores y promover mecanismos de prevención de la corrupción, valorar el impacto y los avances de las políticas públicas, consolidar un banco de buenas prácticas regionales y hacer análisis temprano de riesgos. (Compromiso de Lima. Perú, 2018).
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Impulsar el Mecanismo de Cooperación Interamericana para la Gestión Pública Efectiva (MECIGEP) como foro para compartir mejores prácticas de gobernabilidad democrática y gobierno abierto.
(Compromiso de Lima. Perú, 2018).
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Solicitar al Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC) que apoye la implementación y el fortalecimiento de programas nacionales, con una perspectiva de derechos humanos, para desarrollar la capacidad de la policía, fiscalía, poder judicial y órganos de control interno, a fin de combatir los actos de corrupción, incluyendo aquellos vinculados al tráfico ilícito de drogas, la trata de personas, el tráfico de armas de fuego y otras armas, y el comercio ilícito de mercancías y de fauna silvestre.
(Compromiso de Lima. Perú, 2018).
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Promover la transparencia, la entrega de resultados de gestión e iniciativas de lucha contra la corrupción en el sector privado, con el apoyo de programas, actividades y proyectos de las TIC, según corresponda, para mejorar la capacidad de las partes interesadas para participar y tener acceso a información, según lo disponga la ley. (Acceso y Uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Cartagena, 2012).
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Fortalecer e impulsar la cooperación bilateral, subregional, regional e internacional para prevenir y combatir la violencia, la corrupción y la delincuencia organizada transnacional en todas sus formas y manifestaciones, y para promover el fortalecimiento institucional y, cuando corresponda, la rehabilitación y la reinserción social, en el marco de los convenios e instrumentos internacionales en vigor, con pleno respeto del Estado de derecho, el derecho interno e internacional y los derechos humanos, y convocando para ello el apoyo y concurso de todos los ciudadanos. (Seguridad Ciudadana y Delincuencia Organizada Transnacional, Cartagena, 2012).
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Fortalecer la conducción de la seguridad pública desde las instancias gubernamentales mediante el fomento de la participación ciudadana y comunitaria, la coordinación institucional, y la capacitación y formación del personal civil y policial, con pleno respeto al Estado de derecho, el derecho interno, a la igualdad de género y a los derechos humanos. (Seguridad Ciudadana y Delincuencia Organizada Transnacional, Cartagena, 2012).
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Implementar políticas públicas en el ámbito de la seguridad ciudadana que contemplen como centro a la persona humana, en el marco de un orden democrático, del Estado de derecho y del respeto a los derechos humanos. (Seguridad Ciudadana y Delincuencia Organizada Transnacional, Cartagena, 2012).
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Reafirmamos que una gobernabilidad democrática basada en el respeto al estado de derecho y que sea estable, transparente, efectiva, incluyente y responsable contribuye a crear un entorno facilitador para atraer la inversión, construir prosperidad económica, fomentar la creación de trabajo decente y alcanzar justicia social. (Declaración de Mar del Plata, 2005).
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La rendición de cuentas es un instrumento fundamental para el logro de la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos administrados por nuestros gobiernos. La lucha contra la corrupción es uno de los pilares fundamentales para el fortalecimiento de la democracia y el crecimiento económico. Por este motivo, hacemos un llamado a implementar la Convención Interamericana contra la Corrupción y participar plenamente en el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Destacamos la importancia del papel de supervisión de los legisladores, cuando resulte apropiado, en la lucha contra la corrupción y la importancia de promover los intercambios interparlamentarios para colaborar en el desarrollo de estrategias nacionales e internacionales para combatir la corrupción. (Declaración de Mar del Plata, 2005).
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Estimular el diseño o fortalecimiento de mecanismos o iniciativas de acceso al crédito por intermedio, entre otras medidas, del fomento del registro de la propiedad y de catastro, en el que la seguridad jurídica se expresa, entre otros, mediante la verificación del título y el uso del mismo, asegurando que los derechos de propiedad beneficien a todas las personas, sin discriminación. (Plan de Acción de Mar del Plata, 2005).
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Consolidar la Red Hemisférica de Intercambio de Información para la Asistencia Judicial Mutua en Materia Penal y Extradición, apoyar las acciones para la implementación de un plan estratégico para el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) y fortalecer el desarrollo institucional de la Secretaría General de la OEA en estos temas, de conformidad con el marco de las Reuniones de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas (REMJA). (Plan de Acción de Mar del Plata, 2005).
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Tomaremos las medidas legales, normativas e institucionales necesarias y posibles, antes de la próxima Cumbre de las Américas a celebrarse en 2005, con el objeto de simplificar los procedimientos y reducir significativamente el tiempo y el costo del establecimiento de las empresas en cada país de la región. (Declaración de Nuevo León, 2004).
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Por lo tanto, nos comprometemos, en los casos que sea necesario y apropiado, a fortalecer los derechos de propiedad y ampliar el uso de la misma como garantía, asegurando la aplicación de normas eficaces, transparentes, integrales y equitativas que rijan los contratos de propiedad, así como a mejorar o impulsar las medidas relativas a la transferencia de la propiedad, los registros de propiedad, el establecimiento de la propiedad como forma de garantía y los derechos y obligaciones de deudores y acreedores. (Declaración de Nuevo León, 2004).
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En lo que se refiere a estas medidas, nos comprometemos a emprender acciones concretas antes de la próxima Cumbre de las Américas, a celebrarse en la Argentina en 2005, e informar en esa oportunidad sobre los progresos alcanzados. Nos empeñaremos en asegurar que los derechos de propiedad beneficien a todas las personas sin discriminación. (Declaración de Nuevo León, 2004).
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Reconocemos que la corrupción y la impunidad debilitan las instituciones públicas y privadas, erosionan la moral de los pueblos, atentan contra el estado de derecho y distorsionan las economías y la asignación de recursos para el desarrollo. Por ello, nos comprometemos a intensificar nuestros esfuerzos para combatir la corrupción y otras prácticas no éticas en los sectores público y/o privado, fortaleciendo una cultura de transparencia y una gestión pública más eficiente. (Declaración de Nuevo León, 2004).
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Manifestamos nuestra preocupación por prácticas corruptas, ilegales y fraudulentas en la administración de algunas empresas nacionales y transnacionales, que podrían afectar negativamente las economías, en particular en las de los países en desarrollo, sus productores y consumidores. (Declaración de Nuevo León, 2004).
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La Carta Democrática Interamericana señala que los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla y establece que son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia, la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad y la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública. Por ello, incrementaremos nuestra cooperación en el marco de la Convención Interamericana contra la Corrupción, particularmente a través del fortalecimiento del Mecanismo de Seguimiento de este instrumento. Encomendamos a la próxima reunión de la Conferencia de los Estados Partes del Mecanismo de Seguimiento de la Convención que proponga medidas concretas para fortalecer ese mecanismo. Estas recomendaciones se evaluarán en una reunión de los Estados Partes de la Convención a realizarse en Managua, Nicaragua, a mediados de 2004. Asimismo, en esa reunión se considerarán medidas concretas adicionales para aumentar la transparencia y combatir la corrupción. Instruimos a nuestros Ministros de Relaciones Exteriores que nos informen en la Cuarta Cumbre de las Américas sobre los progresos realizados. (Declaración de Nuevo León, 2004).
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Acordamos hacer consultas en el caso de que la adhesión a nuestros objetivos compartidos de transparencia y anticorrupción, de conformidad con la Convención Interamericana contra la Corrupción, se vea seriamente comprometida en cualquiera de nuestros países. (Declaración de Nuevo León, 2004).
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Nos comprometemos a impulsar la transparencia en los procesos políticos, en la administración de las finanzas públicas, en las transacciones gubernamentales y en los procedimientos de licitaciones y contratos de acuerdo con la legislación interna para, entre otras cosas, prevenir los abusos y mantener la confianza pública. (Declaración de Nuevo León, 2004).
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En el marco de nuestra legislación nacional y normas internacionales aplicables, nos comprometemos a negar acogida a funcionarios corruptos, a quienes los corrompen y a sus bienes, y a cooperar en su extradición, así como en la recuperación y la restitución de los activos producto de la corrupción a sus legítimos propietarios. Asimismo, nos comprometemos a perfeccionar los mecanismos regionales de asistencia jurídica mutua en materia penal y su implementación. (Declaración de Nuevo León, 2004).
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La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción es un valioso instrumento para enfrentar este flagelo, por lo que nos comprometemos a considerar su firma y promover su ratificación. (Declaración de Nuevo León, 2004).
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El acceso a la información en poder del Estado, con el debido respeto a las normas constitucionales y legales, incluidas las de privacidad y confidencialidad, es condición indispensable para la participación ciudadana y promueve el respeto efectivo de los derechos humanos. Nos comprometemos a contar con los marcos jurídicos y normativos, así como con las estructuras y condiciones necesarias para garantizar a nuestros ciudadanos el derecho al acceso a la información. (Declaración de Nuevo León, 2004).
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Renovamos nuestro compromiso con la plena aplicación de la Estrategia Antidrogas en el Hemisferio basada en los principios de responsabilidad compartida, en un enfoque integral y equilibrado y en la cooperación multilateral. Acogemos con beneplácito el desarrollo del Mecanismo de Evaluación Multilateral, y reiteramos nuestro compromiso para hacer de este mecanismo, único en el mundo, uno de los pilares centrales en una cooperación hemisférica eficaz para la lucha contra todos los factores que constituyen el problema mundial de la droga. Expresamos nuestro apoyo a los programas eficaces de desarrollo alternativo orientados a la erradicación de los cultivos ilícitos, y realizaremos esfuerzos para facilitar el acceso a los mercados de los productos derivados de estos programas. (Declaración de Québec, 2001).
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Reafirmamos la importancia de la independencia del poder judicial y nuestra determinación de asegurar el acceso equitativo a la justicia y garantizar su administración oportuna e imparcial. Nos comprometemos a incrementar la transparencia en la gestión pública. (Declaración de Québec, 2001).
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Reafirman su determinación de combatir y eliminar la impunidad en todos los niveles de nuestras sociedades, mediante el fortalecimiento de los sistemas judiciales y las instituciones nacionales de derechos humanos; (Plan de Acción de Québec, 2001).
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Asegurarán que sus legislaciones nacionales relativas a la libertad de expresión se apliquen de igual manera para todos, respetando la libertad de expresión y el acceso a la información de todos los ciudadanos, y que los Estados aseguren que los periodistas y los líderes de opinión tengan la libertad de investigar y publicar sin miedo a represalias, acoso o acciones vengativas, incluyendo el mal uso de leyes contra la difamación. (Plan de Acción de Québec, 2001).
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Reconociendo que el acceso equitativo a una justicia independiente, imparcial y oportuno constituye una base fundamental para la democracia, el desarrollo económico y social, y acogiendo con beneplácito la realización más frecuente de reuniones, consultas y colaboración entre nuestros ministros de justicia, miembros de las cortes supremas, procuradores generales, defensorías del pueblo, oficiales encargados del cumplimiento de la ley y otros; y notando con satisfacción el creciente interés en la cooperación mutua y el intercambio de experiencias en materia de elaboración e implementación de reformas judiciales. (Plan de Acción de Québec, 2001).
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Apoyarán iniciativas y programas públicos y privados para la educación de las personas sobre sus derechos de acceso a la justicia, e impulsarán las medidas que aseguren el acceso oportuno, equitativo y universal a la justicia. (Plan de Acción de Québec, 2001).
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Impulsarán la cooperación para intercambiar experiencias en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias para acelerar la administración de justicia, inclusive entre los pueblos indígenas, para lo cual podrían solicitar, cuando sea apropiado, el apoyo de la OEA, el BID y otras entidades. (Plan de Acción de Québec, 2001).
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Fomentarán medidas para fortalecer la independencia del poder judicial mediante iniciativas que incluyan la transparencia en la selección de autoridades judiciales, seguridad de permanencia en el cargo, normas de conducta apropiadas y sistemas de responsabilidad ante la sociedad. (Plan de Acción de Québec, 2001).
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Continuarán apoyando el trabajo realizado en el marco de las reuniones de Ministros de Justicia y Procuradores Generales de las Américas, cuya cuarta reunión tendrá lugar en Trinidad y Tobago, así como las subsiguientes reuniones y la implementación de sus conclusiones y recomendaciones. (Plan de Acción de Québec, 2001).
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Desarrollarán un plan de financiamiento para el Centro de Estudios de Justicia de las Américas que tome en cuenta los intereses y recursos tanto de Gobiernos como de otros posibles donantes, y que permita al Centro contribuir no sólo a la modernización y formulación de las políticas públicas en este ámbito, sino también al desarrollo institucional de los sistemas judiciales en la región. (Plan de Acción de Québec, 2001).
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Desarrollarán, a través de las Reuniones de Ministros de Justicia, y otros mecanismos adecuados, buscando el apoyo técnico y financiero de otras organizaciones multilaterales y bancos de desarrollo multilaterales, cuando sea apropiado, un intercambio de prácticas óptimas y recomendaciones, de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos, para reducir el número de detenidos en espera de juicio, instituir penas sustitutivas para los casos de delitos menores y mejorar las condiciones de las cárceles en el hemisferio; (Plan de Acción de Québec, 2001).
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Establecerán en la OEA una red de información, vía Internet, entre las autoridades jurídicas competentes en los temas de extradición y asistencia mutua legal, con el propósito de facilitar la comunicación directa y frecuente entre ellos y la identificación de problemas comunes en el manejo de casos y asuntos específicos que deban ser considerados y solucionados de manera colectiva. (Plan de Acción de Québec, 2001).
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Fomentarán una mayor utilización de policías vinculados a la comunidad para desarrollar un mayor diálogo e interacción entre las autoridades encargadas del cumplimiento de la ley y agrupaciones de la sociedad civil y comunidades locales. (Plan de Acción de Québec, 2001).
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Alentarán la cooperación para modernizar las leyes penales, utilizando las tecnologías de información y de las comunicaciones cuando proceda, poniendo énfasis en la capacitación en materia de derechos humanos y en la prevención de actos de violencia, en particular la ejercida por las autoridades encargadas de combatir el delito, con el fin de reducir la violencia contra la población civil, fomentando, asimismo, los valores necesarios en nuestras sociedades para conservar la armonía social. (Plan de Acción de Québec, 2001).
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Promoverán el intercambio de experiencias nacionales y prácticas óptimas sobre el uso de los procedimientos de identificación por los agentes de seguridad pública, con miras a prevenir detenciones sobre la base de prejuicios que afectan principalmente a las minorías y a los pobres. (Plan de Acción de Québec, 2001).
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Aumentarán las oportunidades de compartir experiencias, técnicas y prácticas óptimas entre las entidades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil que participan en la lucha contra la violencia psicológica, sexual o física en el hogar y en el lugar de trabajo, conscientes de que dicha violencia está principalmente dirigida contra las mujeres y los niños y niñas. (Plan de Acción de Québec, 2001).
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Buscarán adoptar medidas necesarias para prevenir, impedir y penalizar la violencia, segregación y explotación ejercida contra las mujeres, menores, ancianos, personas discapacitadas y otros grupos vulnerables, y procurarán asegurar que la legislación nacional aborde los actos de violencia contra ellos, y que estas leyes sean aplicadas reconociendo la necesidad de garantizar a las víctimas de la violencia la asistencia legal que se requiera para obtener la reparación del caso. (Plan de Acción de Québec, 2001).
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Solicitarán a las organizaciones multilaterales y otras participantes en la Coalición Interamericana para la Prevención de la Violencia, que intensifiquen su apoyo y asistencia técnica a los países que lo requieran para la elaboración de estrategias y acciones nacionales en este tema. (Plan de Acción de Québec, 2001).
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Promoverán medidas concretas para prevenir acciones hostiles contra las minorías en el Hemisferio, al igual que actividades violentas locales, regionales e internacionales de grupos que apoyan y fomentan ideologías racistas y prácticas terroristas para obtener sus objetivos. (Plan de Acción de Québec, 2001).
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Cooperarán y promoverán el diálogo sobre el desplazamiento forzado de las poblaciones, orientado al mejoramiento de los niveles de atención a la población desplazada por la violencia, teniendo en cuenta los problemas que estas poblaciones enfrentan, e instarán a que se armonicen las legislaciones nacionales, de acuerdo con las normas y estándares del derecho internacional humanitario, incluyendo la Convención de Ginebra de 1951. (Plan de Acción de Québec, 2001).
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Convencidos que una administración de justicia independiente, eficiente y eficaz, juega un papel esencial en el proceso de consolidación de la democracia; fortalece su institucionalidad; garantiza la igualdad de todos sus ciudadanos; y contribuye al desarrollo económico, reforzaremos nuestras políticas de justicia e impulsaremos aquellas reformas que sean necesarias para promover la cooperación jurídica y judicial. Para tales efectos, fortaleceremos las entidades nacionales dedicadas a estudios sobre la administración de justicia e impulsaremos el establecimiento de un centro hemisférico de estudios sobre la materia. (Declaración de Santiago, 1998).
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Garantizarán el derecho de todos los individuos al debido proceso, incluida la presunción de inocencia y a un juicio dentro de un período de tiempo razonable y al respeto de sus garantías constitucionales y otras garantías legales. Los Gobiernos, de conformidad con sus ordenamientos jurídicos, adoptarán medidas para velar que ninguna persona en espera de sentencia sea detenida por un período mayor del legalmente permitido, tomando en plena consideración los derechos del acusado, la protección de la sociedad, la prevención del delito, la promoción del respeto a la ley, los derechos de las víctimas y otras consideraciones pertinentes. Los Gobiernos continuarán esforzándose por mejorar las condiciones carcelarias, así como para fortalecer los programas de educación sobre derechos humanos para los respectivos funcionarios de la administración de justicia. (Plan de Acción de Santiago, 1998).
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Promoverán un examen de sus respectivas legislaciones nacionales a fin de eliminar o modificar aquellas disposiciones que pudieran conducir a cualquier tipo de discriminación, por alguna razón, y que se contrapongan con sus compromisos internacionales. Se procurará, particularmente, alcanzar antes del año 2002, la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer. En este contexto, se otorgará prioridad al derecho de trato igualitario en el trabajo, de propiedad, de sucesión, de custodia de menores, así como el combate contra la violencia doméstica. (Plan de Acción de Santiago, 1998).
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Desarrollarán mecanismos que permitan el fácil y oportuno acceso de todas las personas a la justicia, en particular a aquellas de menores ingresos, adoptando medidas que doten de mayor transparencia, eficiencia y eficacia a la labor jurisdiccional. En este contexto, promoverán, desarrollarán e integrarán el uso de métodos alternativos de solución de conflictos en el sistema de justicia. (Plan de Acción de Santiago, 1998).
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Fortalecerán, según sea el caso, sistemas de justicia penal fundados en la independencia del Poder Judicial y la efectividad del Ministerio Público y de la Defensoría, reconociendo la especial importancia de la introducción del juicio oral, en aquellos países que consideren necesaria la ejecución de esta reforma. (Plan de Acción de Santiago, 1998).
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Reforzarán la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia transnacional y, de resultar necesario, propiciarán nuevas convenciones internacionales y legislaciones, así como procedimientos y mecanismos para continuar combatiendo estos flagelos. (Plan de Acción de Santiago, 1998).
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Adecuarán su legislación, realizarán las reformas institucionales necesarias y tomarán las medidas que garanticen la protección integral de los derechos de la infancia y de los jóvenes, conforme con las obligaciones establecidas en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y en otros instrumentos internacionales, en el plazo más breve posible. (Plan de Acción de Santiago, 1998).
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Impulsarán, según sea el caso, la diferenciación de los procedimientos y consecuencias a las infracciones a la ley penal, de aquellas medidas que se establezcan para la protección de los niños y jóvenes, cuyos derechos están amenazados o son vulnerados. Además, promoverán medidas socio-educativas para la reinserción de menores infractores. (Plan de Acción de Santiago, 1998).
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Promoverán la creación o el fortalecimiento, según corresponda y de conformidad con los respectivos sistemas jurídicos, de un órgano jurisdiccional especializado en materia de familia. (Plan de Acción de Santiago, 1998).
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Impulsarán el establecimiento de un centro de estudios de justicia de las Américas, tendiente a facilitar el perfeccionamiento de los recursos humanos, el intercambio de información y otras formas de cooperación técnica en el Hemisferio, de conformidad con los requerimientos específicos de cada país. A tal efecto, solicitarán a los Ministros de Justicia o a otras autoridades competentes que analicen y definan las medidas más convenientes para la organización e instalación del mencionado centro. (Plan de Acción de Santiago, 1998).
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Promoverán, de conformidad con la legislación de cada país, la cooperación jurídica y judicial mutua, efectiva y ágil, particularmente en lo que se refiere a las extradiciones, la solicitud de entrega de documentos y otros medios de prueba y el intercambio, a nivel bilateral o multilateral, en estos campos, incluyendo acuerdos relativos a los programas de protección de testigos. (Plan de Acción de Santiago, 1998).
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Apoyarán la celebración de reuniones periódicas de Ministros de Justicia o de Ministros y Procuradores Generales del Hemisferio en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA). (Plan de Acción de Santiago, 1998).
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Simplificarán y descentralizarán, según sea necesario, los procedimientos de catastro y registro de propiedades, adoptando procedimientos transparentes y más sencillos de otorgamiento de títulos e inscripción, haciendo disponible la información sobre estos procedimientos; usando, siempre que sea viable, la tecnología de vanguardia para la georeferenciación de las propiedades, generación automatizada de la cartografía y almacenamiento computarizado de los archivos; incorporando métodos alternativos de resolución de disputas; y evitando la duplicación de cobros por concepto de servicios de inscripción y de otorgamiento de títulos de propiedad. (Plan de Acción de Santiago, 1998).
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Recomendarán que las instituciones de cooperación bilateral y multilateral, especialmente el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial, fortalezcan sus programas de asistencia técnica y financiera, incluyendo el intercambio de información sobre experiencias entre países, a fin de apoyar la simplificación de los procesos de registro de propiedad y para asegurar el acceso de las personas de menores recursos a estos sistemas. (Plan de Acción de Santiago, 1998).
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Iniciativa 22 Definir claramente, de conformidad con el sistema jurídico de cada país y cuando sea necesario, la tenencia y los derechos de propiedad de la tierra, incluso con respecto a las comunidades indígenas y otras comunidades locales, e identificar medidas adicionales que puedan resultar necesarias para mejorar la ordenación forestal sostenible bajo los distintos regímenes de tenencia de la tierra, teniendo en cuenta el interés de todas las partes interesadas. (Plan de Acción de Santa Cruz de la Sierra, 1996).
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Reiteramos nuestra firme adhesión a los principios del derecho internacional y a los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), incluidos los de la igualdad soberana de los Estados, la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacifica de controversias. Reconocemos la heterogeneidad y la diversidad de nuestros recursos y culturas. Asimismo, estamos convencidos de que podemos promover los intereses y valores que compartimos a través de la creación de pactos firmes. (Declaración de Principios Miami, 1994).
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La democracia efectiva requiere que la corrupción sea combatida de manera integral, toda vez que constituye un factor de desintegración social y de distorsión del sistema económico que socava la legitimidad de las instituciones políticas. (Declaración de Principios Miami, 1994).
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2.5 Revisaran y fortalecerán las leyes para la protección de los derechos de los grupos minoritarios y de las poblaciones y comunidades indígenas, a fin de asegurar que no sufran discriminación, garantizar que gocen de protección legal plena e igualitaria y facilitar su activa participación cívica. Apoyaran un proceso para estudiar y aumentar la protección de los derechos de los indígenas en los Estados miembros de la OEA y elaboraran con prontitud una firme declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los indígenas. (Plan de Acción de Miami, 1994).
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2.9 Revisaran los programas de capacitación para los agentes encargados de vigilar el cumplimiento de la ley, a fin de asegurar que abarquen de manera adecuada el trato debido a los sospechosos y detenidos, así como las relaciones con la comunidad. (Plan de Acción de Miami, 1994).
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7.4 Reafirmaran la importancia de los tratados de extradición, ratificados por los Estados del Hemisferio, y hacen notar que dichos tratados serán acatados estrictamente como expresión de la voluntad política de los gobiernos, de conformidad con el derecho internacional y las legislaciones nacionales. (Plan de Acción de Miami, 1994).
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