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Fortalecer la cooperación regional para apoyar la Carta Democrática Interamericana mediante, entre otras, las siguientes medidas:
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a. Alentar reuniones periódicas multilaterales y fomentar debates inclusivos entre los países de nuestro Hemisferio sobre los desafíos a la democracia que han surgido en la región tras dos décadas de la adopción de la Carta Democrática Interamericana;
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b. Desarrollar, fortalecer o consolidar, de acuerdo a la legislación nacional, la función del Ombudsperson (Defensor del Pueblo, Defensor de los Habitantes, Procurador o Comisionado de Derechos Humanos) u otra autoridad nacional pertinente, con miras a fortalecer la gobernabilidad democrática, el respeto y la promoción de los derechos humanos en los países de la región;
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c. Reconocer lo dispuesto en el Acuerdo de Escazú por los Estados Parte e invitar a los países de la región a aunar esfuerzos para accionar de acuerdo con el mismo, según corresponda
(Plan de Acción Interamericano sobre Gobernabilidad Democrática, IX Cumbre de
las Américas, Los Ángeles, 2022).
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Apoyar elecciones libres y justas bajo el pleno respeto a la soberanía de los Estados, a través de las siguientes medidas, de acuerdo con la legislación nacional:
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a. Facilitar las condiciones para que todas y todos los votantes elegibles en las Américas voten en las elecciones organizadas en sus respectivos países, y facilitar la participación de los ciudadanos que residen en el extranjero en las elecciones generales de sus países de origen, de acuerdo con la legislación nacional;
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b. Reconocer la importancia del carácter independiente, imparcial y autónomo de los organismos electorales que certifiquen los resultados de las elecciones;
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c. Implementar medidas que protejan y fortalezcan la integridad del proceso electoral y promuevan la rendición de cuentas ante la ciudadanía, la transparencia y la imparcialidad en las instituciones electorales nacionales y los mecanismos de control, así como la transparencia en el financiamiento de los partidos políticos, las campañas electorales y las candidaturas a cargos públicos;
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d. Promover el derecho de los ciudadanos a elegir a sus líderes en elecciones libres y justas, que sean periódicas, basadas en el sufragio universal y secreto, y que se realicen de una manera transparente, a través de la implementación de medidas que faciliten la capacidad de todos los partidos políticos, incluidos aquellos de la oposición, para presentarse en las elecciones, promoviendo la participación plena e igualitaria de las mujeres y eliminando, cuando existan, las barreras para que las mujeres se presenten como candidatas para cargos políticos;
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f. Eliminar medidas que crean limitaciones directas o indirectas en el acceso al proceso electoral para miembros de grupos específicos, en particular, partidos políticos de oposición y los grupos en situación de vulnerabilidad y/o históricamente discriminados;
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g. Reconocer la importancia de las misiones de observación electoral, conducidas bajo los principios de objetividad, imparcialidad, transparencia, independencia, respeto a la soberanía y con acceso a la información respetando los procedimientos establecidos en la normativa del Sistema Interamericano, incluyendo la Carta Democrática Interamericana, y que no comprometa la independencia de las misiones, asegurando los Estados las condiciones de seguridad de los observadores electorales, para que puedan desempeñar sus funciones de manera independiente y segura;
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h. Promover la adopción de medidas para mejorar la seguridad e integridad de los candidatos y sus familias, funcionarios y personal electoral, así como de la infraestructura electoral, a fin de facilitar el desarrollo de elecciones sin impedimentos.
(Plan de Acción Interamericano sobre Gobernabilidad Democrática, IX
Cumbre de las Américas, Los Ángeles, 2022).
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Estimular foros de múltiples partes interesadas para el diálogo entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil, incluidas las organizaciones de mujeres y jóvenes, y los actores sociales, a fin de fortalecer las prácticas democráticas, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como la lucha contra la corrupción, y el Gobierno abierto con inclusión de:
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a. Procesos participativos para promover la rendición de cuentas y la confianza pública en el Gobierno, tales como la elaboración de comunicados, compromisos sociales públicos o cartas de compromiso, según corresponda, que establezcan lo que las y los habitantes pueden esperar de los servicios públicos y cómo acceder a ellos;
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b. Procesos de planificación del desarrollo comunitario contemplando, especialmente, la existencia de procesos inclusivos, con perspectiva de género, en particular con respecto a la recuperación posterior a la COVID-19 y la resiliencia al cambio climático, que sean incluyentes de los grupos en situación de vulnerabilidad y/o históricamente discriminados, y aporten a los miembros de la comunidad la capacidad de agencia y de supervisar el uso de los recursos;
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c. Consultas abiertas, libres, informadas y previas con las comunidades, los líderes y las autoridades indígenas, cuando corresponda, y de acuerdo con la legislación nacional, especialmente con respecto a la formulación, planificación, seguimiento y evaluación de políticas que afectan su forma de vida;
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d. El establecimiento o la implementación efectiva de leyes o regulaciones para convertir la consulta a las partes interesadas en un elemento sistemático y esencial del proceso de elaboración de normativas y regulaciones, de acuerdo con la legislación interna de cada Estado;
(Plan de Acción Interamericano sobre Gobernabilidad Democrática, IX Cumbre
de las Américas, Los Ángeles, 2022).
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Redoblar los esfuerzos para asegurar la inclusión y diversidad en todos los aspectos de la gobernabilidad, mediante las siguientes acciones:
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d. Abordar los efectos de la violencia sexual y de género en el acceso de las mujeres a las oportunidades laborales, su capacidad de movilizarse y viajar libremente, y sus oportunidades de alcanzar la igualdad política, jurídica, social y económica;
(Plan de Acción Interamericano sobre Gobernabilidad Democrática, IX Cumbre
de las Américas, Los Ángeles, 2022).
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Promover el uso de nuevas tecnologías que faciliten el gobierno digital con el objeto de impulsar la transparencia, la interacción con los ciudadanos y la rendición de cuentas, a través del desarrollo de herramientas de identificación, detección, sistematización y monitoreo de procedimientos gubernamentales y, con esa finalidad, fortalecer la cooperación y el intercambio de buenas prácticas sobre el desarrollo y aplicación de dichas tecnologías.
(Compromiso de Lima. Perú, 2018).
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Impulsar la adopción y/o fortalecimiento de medidas que promuevan la transparencia, rendición de cuentas, contabilidad apropiada y bancarización de los ingresos y gastos de las organizaciones y partidos políticos, principalmente de sus campañas electorales, garantizando el origen lícito de las aportaciones, así como la sanción por la recepción de contribuciones ilícitas.
(Compromiso de Lima. Perú, 2018).
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Promover la más amplia cooperación entre las autoridades judiciales, policías, fiscalías, unidades de inteligencia financiera y autoridades administrativas, en las investigaciones y procedimientos relacionados con los delitos de corrupción, lavado de activos, cohecho y soborno transnacional.
(Compromiso de Lima. Perú, 2018).
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Apoyar el fortalecimiento institucional y la modernización de órganos electorales independientes con miras a fortalecer sus capacidades para garantizar la integridad de los procesos electorales y la realización de elecciones libres, justas y periódicas, de acuerdo con el ordenamiento jurídico de cada país, incluida, cuando proceda, la regulación del financiamiento de la actividad política. Solicitamos a la OEA y a otras organizaciones del Hemisferio el asesoramiento y asistencia para tales fines, cuando corresponda. (Democracia, Iniciativas VII Cumbre de las Américas, Ciudad de Panamá, 2015).
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Nuestras aspiraciones y metas para las Américas dependen de democracias sólidas, la buena gestión pública, el estado de derecho y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Creemos que la democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas. Por lo tanto, renovamos nuestro compromiso de combatir la pobreza, la desigualdad, el hambre y la exclusión social a fin de elevar las condiciones de vida de nuestros pueblos y fortalecer la gobernabilidad democrática en las Américas, y mantendremos los principios de la Carta Democrática Interamericana y la aplicaremos plenamente. Reafirmamos nuestro compromiso de fomentar la credibilidad y la confianza ciudadana en las instituciones democráticas, en particular la legitimidad de los procesos electorales, y el pleno respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales. (Declaración de Puerto España, 2009.
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Estamos convencidos de que la democracia representativa es una condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región*. Reconocemos que para que la democracia prospere, los gobiernos deben responder a las aspiraciones legítimas de sus pueblos y trabajar para proveerles las herramientas y oportunidades para mejorar sus vidas (Declaración de Mar del Plata, 2005).
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Reconocemos que el pluralismo político y partidos políticos sólidos son elementos esenciales de la democracia. Destacamos la importancia de normas que aseguren la transparencia de sus finanzas, eviten la corrupción y el riesgo de influencias indebidas y alienten un alto nivel de participación electoral. Por ello, promoveremos las condiciones que permitan a los partidos políticos desarrollarse con autonomía de los gobiernos. Alentaremos la formación política y preparación de líderes, incluyendo mujeres, jóvenes, indígenas, miembros de grupos étnicos y poblaciones marginadas. Destacamos la importante labor del Foro Interamericano sobre Partidos Políticos para facilitar que los partidos compartan mejores prácticas y se fortalezcan, así como para promover reformas de los sistemas de partidos políticos (Declaración de Nuevo León, 2004).
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Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas elegidos democráticamente, reunidos en la ciudad de Quebec en nuestra Tercera Cumbre, renovamos nuestro compromiso con la integración hemisférica y la responsabilidad nacional y colectiva a fin de mejorar el bienestar económico y la seguridad de nuestros pueblos. Hemos adoptado un Plan de Acción para fortalecer la democracia representativa, promover una eficiente gestión de gobierno y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales.* Buscamos crear mayor prosperidad e incrementar las oportunidades económicas y, al mismo tiempo, fomentar la justicia social y desarrollar el potencial humano. (Declaración de Québec, 2001).
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Conscientes de la interrelación entre la democracia, el desarrollo sostenible, la separación de poderes y la existencia de instituciones gubernamentales efectivas y eficientes; y observando que la transparencia y la responsabilidad pública de los sistemas electorales, y la independencia de los organismos responsables de conducir y verificar elecciones libres, justas y regulares, son elementos esenciales para asegurar el apoyo y la participación en sus instituciones democráticas nacionales. (Plan de Acción de Québec, 2001).
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Intercambiarán prácticas y tecnologías óptimas para incrementar la participación de la ciudadanía en los procesos electorales, incluyendo la educación de los votantes, la modernización y simplificación del registro electoral y los procedimientos de la votación y escrutinio, tomando en cuenta la necesidad de salvaguardar la integridad del proceso electoral, y promoviendo la plena participación e integración de todas las personas aptas para ejercer el derecho al sufragio, sin discriminación alguna. (Plan de Acción de Québec, 2001).
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Continuarán fortaleciendo los mecanismos electorales, utilizando tecnologías de información y comunicación, cuando sea posible, a fin de garantizar efectivamente la imparcialidad, prontitud e independencia de las instituciones, tribunales y demás entidades responsables de organizar, supervisar y verificar las elecciones a nivel nacional y local, y fortalecerán y facilitarán, con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y otros organismos regionales e internacionales, la cooperación hemisférica y el intercambio de experiencias en materia de legislación y tecnología en esas áreas y el envío de observadores electorales cuando sea solicitado. (Plan de Acción de Québec, 2001).
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Asegurarán que los medios de comunicación estén libres de intervenciones arbitrarias del Estado y, específicamente, trabajarán en la eliminación de los obstáculos jurídicos o normativos para el acceso de los partidos políticos registrados a los medios de comunicación, facilitando, en lo posible, acceso equitativo a los sistemas de radio y televisión durante las campañas electorales. (Plan de Acción de Québec, 2001).
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Propondrán el intercambio de experiencias que sirvan de apoyo para que cada país, de acuerdo a su propia realidad y a su sistema legal, adopte o desarrolle normas internas orientadas a regular las contribuciones a las campañas electorales, y mecanismos internos independientes de control. (Plan de Acción de Santiago, 1998).
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Considerarán las propuestas emanadas de la Reunión de Representantes Gubernamentales sobre Contribuciones en Campañas Electorales, celebrada en Caracas, en el marco de la OEA, en febrero de 1998. (Plan de Acción de Santiago, 1998).
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Adoptarán o considerarán, según sea el caso, medidas para impedir contribuciones financieras a campañas electorales derivadas del crimen organizado y del tráfico ilícito de drogas. Asimismo, promoverán la adopción de medidas tendientes a asegurar la transparencia en el origen de todas las contribuciones. (Plan de Acción de Santiago, 1998).
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La Carta de la Organización de los Estados Americanos establece que la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región. La democracia es el único sistema político que garantiza el respeto de los derechos humanos y el estado de derecho; a la vez, salvaguarda la diversidad cultural, el pluralismo, el respeto de los derechos de las minorías y la paz en y entre las naciones. La democracia se basa, entre otros principios fundamentales, en elecciones libres y transparentes, e incluye el derecho de todos los ciudadanos a participar en el gobierno. La democracia y el desarrollo se refuerzan mutuamente. (Declaración de Principios de Miami, 1994).
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1.3 Alentando los intercambios de tecnologías en materia electoral, y asistiendo a los organismos electorales nacionales, a solicitud del estado interesado. (Plan de Acción de Miami, 1994).
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5.7 Darán prioridad al fortalecimiento de los reglamentos y las compras gubernamentales, la recaudación de impuestos, la administración de justicia y los procesos electoral y legislativo, utilizando el apoyo del BID y de otras instituciones financieras internacionales cuando así proceda. (Plan de Acción de Miami, 1994).
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